Ante la Corte Suprema de Chile presentaron sus alegatos los representantes de las partes involucradas en el proceso legal que por colusión en los precios del pollo se abrió en 2011 y que fue fallado en primera instancia el 25 de septiembre pasado. En esa fecha, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ordenó la disolución de la Asociación de Productores Avícolas (APA) e impuso fuertes multas a las compañías Agrosuper, Ariztía y Don Pollo.
El inconformismo no es patrimonio exclusivo de las entidades condenadas, también del ente acusador, toda vez que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó aumentar la multa impuesta a Don Pollo de 12,000 UTA a 30,000 UTA (Unidades Tributarias Anuales) “o lo que la Suprema estime conveniente”, buscando que pague la misma sanción definida para Agrosuper y Ariztía, monto equivalente a US$25 millones.
De igual manera, la FNE pide que la APA también sea multada con 20,000 UTA, independiente de su disolución. Por su parte, voceros de Ariztía sostuvieron en su reclamación que “no se han seguido las reglas constitucionales y legales para resolver un requerimiento. Simplemente se construyó una versión propia y distinta de la planteada por la FNE”, según reseñó el diario chileno La Tercera.
Tal como lo señalara la APA en su reclamación, Ariztía enfatizó en que el TDLC no consideró el mercado del pollo, “su enorme expansión y la apertura internacional para las importaciones”. Por su parte, Don Pollo insistió en que carece de poder de mercado al “controlar apenas el 6 por ciento del mercado, proporción mucho menor del volumen importado de pollo, por lo que no tiene ninguna posibilidad de abusar ni afectar la estructura de la competencia”. También rechazó la multa impuesta, calificándola de excesiva y que “genera el absurdo de comprometer la viabilidad financiera y competitiva de la empresa más pequeña”.
