El domingo 25 de octubre de 2015, cerca de quince millones de colombianos habilitados para votar escogieron los 1,123 alcaldes de igual número de municipios en el que está dividido administrativamente este país andino. Su posesión será el 1 de enero de 2016 y ejercerán un mandato por cuatro años, el cual se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2019.
Muchos de estos gobernantes locales electos anunciaron desde sus campañas la intención de reformar como alcaldes en ejercicio los vigentes Planes de Ordenamiento Territorial (POT), amparados en que la normatividad los faculta para ello. Los POT se llaman así para las poblaciones colombianas mayores de 100,000 habitantes; si son para municipios de 30,000 a menos de 100,000 personas se denominan Planes Básicos de Ordenamiento Territorial; en tanto que para localidades de menos de 30,000 almas se definen como Esquemas Básicos de Ordenamiento Territorial.
Estos POT, por denominarlos de manera general, contienen las directrices para la planeación física de los territorios y definen los usos del suelo en cada municipio. Es decir, establecen qué se puede hacer y qué no en cada zona. Los primeros POT se expidieron en el año 2000 y se supone que su parte estructural debían tener vigencia durante tres periodos constitucionales de gobierno (12 años).
Sin embargo, la Ley 388 de 1997 y subsiguientes que los crearon dispusieron que podrían ser objeto de una primera revisión luego del segundo periodo constitucional (de 2008 a 2012) “para su contenido urbano y rural en el mediano plazo”, incluso para los programas de ejecución a corto plazo, sus disposiciones sobre usos del suelo podían ser modificadas luego de 2004. “Esto ya ha creado tensiones entre los gobiernos locales y la agroindustria, lo que podría agravarse cuando los nuevos alcaldes planteen cambios estructurales de fondo”, señaló a Industria Avícola el presidente ejecutivo de Fenavi Colombia, Andrés Valencia Pinzón.
Presencia nacional
En Colombia, solamente 62 municipios tienen una población superior a los 100,000 habitantes. Ocho de las 32 capitales de departamentos no alcanzan esta categoría. “Sabemos que la presión en las ciudades más grandes es mucha, dado que éstas han crecido en sus zonas urbanas en el número de personas por diversas razones. Necesitan ampliar los perímetros urbanos y ahí es donde se van a encontrar con instalaciones de la agroindustria, especialmente de la avícola, que durante décadas se ubicaron cerca a esas cabeceras municipales en terrenos que en su momento estaban considerados como rurales”, explicó Valencia.
En total, se estima que en el país operan 7,000 granjas avícolas, de mediana o gran escala, para la producción de carne de pollo y huevos de gallina, ubicadas sobre terrenos que, por ahora, son rurales, en 360 municipios distintos. “Relocalizarnos no es un simple proyecto de desarmar y armar en otro lugar, es todo un cambio que alteraría nuestra viabilidad y el suministro mismo de alimentos para las ciudades de donde podrían estar pensando en sacarnos. Por eso a los alcaldes les recordamos que más que alimentar aves, nosotros alimentamos ciudades”.
El dirigente gremial recordó también que “en algunos departamentos han puesto palos en la rueda para el avance de proyectos productivos avícolas. Esta misma tarea de concientización la venimos haciendo con los nuevos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, que de igual manera comenzarán sus periodos”, éstas últimas son las autoridades ambientales con jurisdicción para varios municipios y en algunos casos, sobre territorios de más de un departamento.
“Parece que todo el mundo ama comer pollo y huevo, pero no les gusta tener una granja avícola cercana. Hemos aprendido a ser buenos vecinos, a pesar de que nosotros estuvimos primeros en los territorios. No debería ser una cuestión de escoger, sino de coexistir”, siguió arguyendo el directivo del gremio avicultor colombiano.
Lo que trae la relocalización
- Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), sumados a otras presiones normativas, está generando presión para relocalizar granjas avícolas en Colombia.
- La relocalización no es un simple proyecto de desarmar y armar en otro lugar.
- Implica todo un cambio de hábitat.
- Es una decisión financiera de gran importancia.
- La inversión que hoy existe es resultado de un proceso de acumulación de capital logrado en las dos últimas décadas.
- La inversión a realizar en una nueva granja requiere muchas “L” (véase el recuadro 2) y, además, no puede ser una inversión parcial.
El factor “L” de la avicultura colombiana
Para operar, todo nuevo emprendimiento avícola requiere de:
• Licencia ambiental
• Licencia sanitaria
• Licencia de “olores”
• Licencia de bioseguridad
• Licencia sobre inocuidad
• Licencia de construcción
• Licencia POT
Datos sobre la avicultura colombiana y la relocalización
- La relocalización repentina de instalaciones avícolas afecta la permanencia de un sector que genera 400,000 empleos directos en todo el país.
- Si la revisión de los POT en las principales zonas productoras ordena la relocalización de granjas avícolas, se podría afectar la seguridad alimentaria del país.
- Los avicultores colombianos producen 14.6 kg de carne de pollo y 335 kg de huevo por metro cuadrado, contra 0.07695 kg de carnes rojas.
- El pollo y el huevo es la proteína animal más favorable para el bolsillo de los colombianos: con un salario mínimo, se pueden comprar 170 kg de pollo o 2,852 huevos. Con el mismo dinero, se adquieren 97 kg de carne de res y 107 kg de cerdo.
Datos consolidados a julio de 2015. Fuente: Fenavi Colombia.
Lea sobre los retos de los productores colombianos de huevo en Retos para el mercado del huevo en Colombia.
