“Los exagerados costos en los que las plantas de beneficio tienen que incurrir en los procesos de inspección vigilancia y control (IVC) de acuerdo con los términos establecidos por el Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), están afectando la competitividad de las plantas de beneficio animal para consumo humano y de no revisarse este sistema, aumentarán de manera inevitable el costo de la carne de pollo, cerdo y res a los consumidores”.
La afirmación hace parte de un comunicado conjunto expedido por los principales gremios pecuarios de Colombia: la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), PorkColombia (antigua Asociación de Porcicultores) y las nuevas asociaciones de ganado vacuno Acinca (Asociación Colombiana de la Industria Cárnica) y Asocárnicas (Asociación Nacional de Empresas Cárnicas).
La queja de estos agroindustriales colombianos se centra en que pese “a que la industria cárnica invierte importantes recursos para alcanzar los estándares establecidos en la legislación sanitaria cumpliendo con las Resoluciones 240, 241 y 242 de 2013”; el Invima decidió “establecer la inspección permanente e insiste en un doble sistema de vigilancia del estándar sanitario, que además de innecesario, encarece el sistema, impacta la competitividad y aumenta la informalidad”.
Los gremios que se consideran afectados por esta situación cuantifican de la siguiente manera los nuevos costos extras: “Una planta especial o de autoconsumo, requiere de la inspección de un oficial y de un auxiliar con unos costos aproximados de 185 millones de pesos anuales (USD 62,000). Pero cuando las plantas son de categoría nacional o de tipo exportación, se requiere la inspección de dos oficiales y cuatro auxiliares; alcanzando cifras superiores a los 540 millones de pesos anuales (USD 180,000). Las tarifas establecidas varían según el día, la hora y los turnos, debido a que aumenta el valor en dominicales, festivos y nocturnos”.
Por ende, la industria cárnica pidió a los Ministerios de Agricultura y de Salud y de Trabajo que suspendan las medidas y normas relativas a la inspección vigilancia y control También reclamó que dichas medidas se deben fundamentar en estudios técnicos y jurídicos previos “y que se trabajen de forma consensuada con los actores involucrados, pues impactan el bolsillo de los consumidores”.
