Las empresas avícolas de carne de pollo más importantes de Chile, que concentran el 92% del mercado interno de este país, están siendo imputadas por la Fiscalía Nacional Económica chilena, FNE, organismo que presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, TDLC, por actuar en forma colisionada y pactar sus precios durante más de 10 años.
El gerente general de Agrosuper, Sr. José Guzmán Vial, expresó "La empresa niega categóricamente la existencia de acuerdos anticompetitivos". El representante de la compañía entregó esta información a través de Radio Cooperativa, donde también comunicó que Agrosuper continúa con los planes de expansión y que confían en aclarar legalmente su inocencia.
De acuerdo a una declaración de la FNE: "El requerimiento da cuenta de la existencia de un acuerdo entre las empresas, bajo el amparo y coordinación de su asociación gremial, destinados a limitar su producción, controlando la cantidad producida y ofrecida en el mercado nacional, y asignándose cuotas de mercado a lo menos durante los últimos diez años".
Por su parte ante la acusación de la FNE, la Asociación de Productores Avícolas de Chile, APA, realizó el siguiente comunicado: “Ante el requerimiento que presentó la FNE en el TDLC, la APA, señala que no ha participado en los actos denunciados por la FNE.
APA ha entregado a la FNE toda la información solicitada en materia de documentos y antecedentes, durante el proceso de investigación.
APA es una organización que tiene por misión promover el desarrollo de una industria avícola sustentable, abierta al comercio internacional, con altos niveles de calidad, de seguridad sanitaria y medio ambiental.
En los últimos diez años, la producción de pollos ha crecido en 37.3% y, actualmente, se exporta el 26% de la producción a más de 50 destinos. La industria avícola nacional opera en un mercado abierto, en el cual el comercio internacional representa el 41% del consumo de carnes de ave, con importaciones que superan el 15% del consumo nacional.
El interés de la APA es colaborar en todo lo necesario para que esta situación se aclare y confía en que el Tribunal de la Libre Competencia resolverá apropiadamente sobre esta materia, rechazando este requerimiento”.
De comprobarse este ilícito, la FNE solicitó al TDLC multas por una cifra equivalente a US$27 millones para las empresas que resulten responsables.
