Para el próximo mes de julio se espera una decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile respecto a la existencia de un presunto cartel que de tiempo atrás fija precios y cuotas de producción de carne de pollo en el país austral. La investigación sobre este caso de colusión, liderada por la Fiscalía chilena, involucra tanto a firmas particulares como Don Pollo, Ariztía y Agrosuper, como a la propia Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA).
De acuerdo con el medio especializado Bio Chile, el fiscal nacional económico Felipe Irarrázabal señaló que "el cartel de los pollos es más grande que el sistema de libre competencia que haya intentado desbaratar". El mismo funcionario indicó que este cartel habría operado desde 1994, por convenio entre las mencionadas empresas "para desarrollar iniciativas tendientes a estimular la industria".
Al proceso judicial está vinculado el actual presidente de APA Chile, Juan Miguel Ovalle, como promotor de dicho acuerdo, "que prohibía a estas compañías utilizar artificios para distorsionar los precios de referencia estipulados". Al ser consultado sobre el particular, Ovalle señaló en 2011 que "no tengo conocimiento de que nunca haya operado".
Por estas conductas, la Fiscalía solicita al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que ordene la disolución de APA Chile, más el pago de una multa cercana a los diez mil millones de pesos (18.09 millones de dólares). También pide sanciones económicas para Don Pollo, Ariztía y Agrosuper por quince mil millones de pesos para cada una (27.14 millones de dólares).
El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), Hernán Calderón, declaró a Bio Chile que "estamos optimistas en que el Tribunal ratifique los antecedentes aportados por la Fiscalía". Un estudio contratado por el organismo investigador estimó en mil millones y medio de dólares el daño económico causado por la colusión ya anotada en la industria y comercialización del pollo y sus derivados. Según el mismo documento, sin el accionar del cartel esta proteína se habría comercializado a precios al consumidor final hasta un 80 por ciento menores.
