Ad portas del dictamen de la Corte Suprema de Chile en el denominado Caso Pollos, los máximos ejecutivos de las empresas avícolas sancionadas por colusión han activado sus contactos legales. Así lo informó el diario económico chileno Pulso, el cual recalcó “que Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, previendo un escenario desfavorable, están buscando asesoría legal para enfrentar las eventuales futuras demandas de indemnización de perjuicios que vendrán en caso de que la Suprema confirme el fallo por colusión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que sancionó a las empresas con multas por sobre los US$100 millones en conjunto”.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) ya anunció una demanda global por US$1,200 millones, alegando perjuicios por las actuaciones concertadas contra la libre competencia realizadas por las tres avícolas. Esta demanda solamente está a la espera de una decisión que avale la sanción inicial del TDLC, “organismo que consideró una serie de correos electrónicos en su sentencia en que acusó a las compañías de ponerse de acuerdo para fijar cuotas de producción y así manejar a su gusto el mercado de los pollos”.
Conadecus cuenta con un equipo jurídico liderado por los abogados Andrés Parra y Mario Bravo, ambos de destacada participación en litigios de estas características. De hecho, Parra fue el abogado que presentó la primera demanda colectiva en Chile, y fue contra BancoEstado. El resultado fue favorable para los consumidores afectados. En tanto, Mario Bravo cuenta con una dilatada experiencia en materia de infracciones a la libre competencia. Fue ex-fiscal nacional de la FNE (Fiscalía Nacional Económica) y es pieza clave del equipo de Conadecus.
El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, dijo que "la independencia de la entidad no está en tela de juicio y, por ende, presentará la demanda en forma paralela a la que estaría preparando el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). El directivo dice que se basarán en un estudio del actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, que cuantificó en más de US$1,200 millones el impacto de la colusión en los consumidores".
