De acuerdo con el diario chileno Economía y Negocios, el Ministerio de Economía “no había resuelto a finales de diciembre el cierre de la Asociación de Productores Avícolas (APA Chile, fundada en 1994), mientras ese mismo gremio analiza si es conveniente hacerlo antes del dictamen que debe emitir esa cartera de gobierno”.
Con esta esperada resolución del Ministerio de Economía chileno, se daría cumplimiento al fallo judicial de la Corte Suprema que el 29 de octubre multó a la APA junto con las tres empresas involucradas en la colusión de los pollos (Agrosuper, Ariztía y Don Pollo) por una sanción que totalizó los US$ 60 millones. “Pero, además de la multa por haber sido parte del cartel que buscaba limitar los volúmenes de producción, la Corte Suprema también ordenó la disolución del gremio”, recalcó el periódico.
No obstante, dos meses después de proferida la sentencia, este último mandato todavía no se había concretado. “A comienzos de diciembre, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) resolvió enviar un oficio al Ministerio de Economía para concretar la disolución de la asociación, hecho con el cual se completará la sentencia de la Corte Suprema”, continuó el rotativo.
A mediados de noviembre, otro medio de comunicación, 24 Horas, publicó que “los principales ejecutivos de las empresas condenadas por formar el cartel de los pollos siguen trabajando en sus empresas e incluso fueron promovidos. Otros cambiaron de rubro, pero sin menoscabo laboral”.
24 Horas señala que la sede de la APA Chile y de la Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile (Asprocer), “no solamente comparten piso en el edificio santiaguino Isidora Goyenechea. También lo hacen con su contralora, gerente de sanidad y gerente. Tienen el mismo presidente, Juan Miguel Ovalle, así como secretario y tesorero. ‘Es una buena forma de aprovechar las sinergias’, explican en comunicaciones de APA-Asprocer”.
