Buenas noticias sobre Newcastle en Bolivia y Costa Rica

El país andino aceleró el tiempo estimado de erradicación, en tanto que los centroamericanos se declararon libres del mal, luego de dos años de sus peores brotes.

Katoosha | BigStockPhoto.com
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En medio de la actual crisis de sobreproducción y bajos precios que atraviesa la avicultura de carne de pollo en Bolivia, el periódico Correo del Sur destacó recientemente que “la única noticia alentadora está relacionada con el Newcastle pues es plausible el reciente acuerdo al que llegaron los productores del sector con el gobierno para disminuir el tiempo en la erradicación nacional de esta enfermedad y eliminarla en tres años en vez de en cinco, que era el tiempo previsto por el Senasag (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria)”.

De cumplirse esta meta, en el mediano plazo el país suramericano podría dedicar su excedente de producción a los mercados exteriores. La avicultura boliviana generó 70,000 empleos directos y 100,000 indirectos durante el año 2016.

En otro contexto pero en el mismo continente, la más reciente edición del diario oficial del gobierno costarricense, La Gaceta, publicó “la declaratoria de país libre de la enfermedad Newcastle Velogénico”.

Este importante anuncio se da prácticamente dos años después de una infausta noticia. El 18 de mayo de 2015, el gobierno tico declaró estado de emergencia sanitaria epidémica nacional por la presencia del mencionado mal aviar. A raíz de ello “como estrategia de erradicación se utilizó el sacrificio sanitario de todas las aves silvestres en cautiverio y domésticas que presentaren la enfermedad y el establecimiento de cuarentena sanitaria en aquellas zonas del país donde se detecten casos de mortalidad causada por el virus, además de otras medidas de control como la desinfección, vigilancia epidemiológica y control de movilización de animales y mercancías de riesgo”.

De esta autodeclaración se notificó a los organismos internacionales de referencia (principalmente a la OIE) y a la comunidad internacional en general. La decisión fue tomada el 28 de febrero de 2017, pero solamente entró en rigor con su publicación en La Gaceta el pasado 26 de abril.

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