Hace dos años que la Corte Suprema chilena falló contra tres de las mayores compañías avícolas australes acusadas de colusión: Ariztía, Don Pollo y Agrosuper. Se impusieron multas por 60 millones de dólares y, entre otras disposiciones, se ordenó la disolución del gremio avícola ADA.
Luego de ese veredicto, según el periódico Economía y Negocios, “en la justicia civil ha continuado avanzando la demanda colectiva que derivó de dicha situación y que busca lograr una indemnización para los consumidores”. Explica el medio que el Juzgado Civil de Santiago “resolvió recibir la causa a prueba, que es una de las fases esenciales de un juicio”.
Dicho tribunal determinó que los puntos que se deberán probar es la efectividad de haberse producido un daño y perjuicios a los consumidores debido a los actos colusorios, el monto de dichos perjuicios, la existencia de grupos o subgrupos de consumidores afectados, y si es que cabe la prescripción en la causa.
Esta acción legal -acogida a prueba- es la demanda que interpuso el Sernac (el oficial Servicio Nacional del Consumidor) y no la que en su momento había entablado la ciudadana Conadecus (Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios), que pedía una indemnización por US$ 1,200 millones para los consumidores afectados.
La querella de la referida asociación de consumidores no está vigente ante la justicia “porque el tribunal que la conoció, el 17º Civil de Santiago, se declaró incompetente para ver dicha causa, al aducir que las empresas demandadas tienen un domicilio distinto a la ciudad capital”.
Andrés Parra, abogado de Conadecus, señaló que esa agremiación “no tiene mucho interés en sumarse a la demanda del Sernac, justamente porque creo que no tiene mucho destino como ellos la presentan. No es la primera vez que les pasa que aunque ganen la demanda, como no pidieron nada, nada se les da”.
La contraparte de la demanda del Sernac, los abogados defensores de las tres empresas avícolas, “ya presentaron nuevos recursos para que se agreguen otros antecedentes al juicio y el tribunal permita otras pruebas. En lo esencial, que se pruebe que las empresas vendieron carne de pollo y que existió un vínculo contractual entre las demandadas y los consumidores”.
Remata el informe que estos aspectos apuntan a un tema legal, pero central en esta controversia. Es que bajo la lectura de las defensas de las avícolas, de no tratarse de destinatarios o consumidores finales y al no haber un contrato entre las partes, no procedería la aplicación de la Ley del Consumidor. Reiteran “que la venta no se realizó a consumidores, sino a intermediarios, supermercados y distintos actores del comercio tradicional e industrial”.
