El Gobierno admitió que la producción orgánica es insuficiente para cubrir el mercado interno y generar excedentes para la exportación, por lo que a partir de la aprobación de la Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria, el país no sólo producirá soya transgénica sino otros alimentos, que aún no fueron definidos.

“La ley priorizará la producción orgánica de alimentos, pero también estamos conscientes que la producción orgánica eventualmente no es suficiente para garantizar el abastecimiento interno y los excedentes de exportación a los que aspiramos”, dijo el Ministro de Autonomías, Sr. Carlos Romero.

El proyecto de ley fue presentado la semana pasada y su aprobación está prevista para antes del 21 de junio, Año Nuevo Aymara-Amazónico.

Los productos transgénicos son aquellos que fueron modificados genéticamente, en el que el ADN ha sido modificado para que resista los embates del medio ambiente, así como para soportar insecticidas, gérmenes o plagas de insectos. Las cosechas de este tipo son más productivas y aumentan competitividad al sector empresarial.

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Si bien el Estado autorizará la cosecha de otros alimentos transgénicos, está descartado utilizar esa tecnología en productos cuyo centro de origen es Bolivia, tal el caso de la papa, el tarwi o la quinua, entre otros.

Para los productos que vayan a ser autorizados se empleará bioecnología. Sin embargo, un Comité de Bioseguridad, integrado por varios ministerios, será el encargado de calificar si el producto genéticamente modificado afecta a la salud, la tierra y el medio ambiente.

“Si lo afecta, el Comité dirá prohibido, no se autoriza su ingreso, si no afecta y coadyuva a incrementar los volúmenes de producción lo autorizará bajo determinados límites, pero esta autorización siempre deberá tomar en cuenta la preservación de la salud en la población, preservación del medio ambiente (vocación productiva de la tierra) y también los comportamientos del mercado”, dijo él.

La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas, Anapo, aplaudió la decisión del Ejecutivo de autorizar otros productos transgénicos, al margen de la soya, tal como ya lo hacen otros países.