Esta semana, el gremio avícola del departamento colombiano de Santander (oriente) emprendió una campaña “para recordar la trascendencia económica” de su labor. Los camiones que van y vienen de las 1,026 granjas de pollo y huevo que operan en esta región llevan anuncios que recuerdan cifras contundentes.
Esas piezas hablan de los 110,000 empleos (entre directos e indirectos) que genera allí el negocio avícola, responsable del 25 por ciento de la producción nacional de estos alimentos. Unos 2,505 millones de huevos y 356,000 toneladas de carne de pollo al año. Impresionantes datos, ¿pero serán suficientes para lograr lo que buscan los avicultores?
Más que una publicidad autocomplaciente, se trata de un contraataque para evitar que los nuevos planes municipales de ordenamiento territorial expandan la frontera urbana y permitan la construcción de casas y apartamentos en lo que antes eran potreros; territorios a los cuales el urbanismo terminó accediendo —casi siempre— gracias a una carretera construida por una empresa avícola.
Muy a mi pesar, creo que se trata de una pelea perdida si se reduce a mostrar cifras socioeconómicas. Por más injusto —o por lo menos paradójico— que parezca, es necio tratar de atajar el crecimiento urbano o por lo menos evitar que no perjudique nuestra agroindustria, ya que, aparte de obedecer a una lógica demográfica, las alcaldías ven en este dinamismo una fuente de recursos mucho más interesantes que los impuestos o los empleos que propicia la avicultura.
Una nueva urbanización produce para una alcaldía 10 o 15 veces más recursos por impuestos y obligaciones urbanísticas que una granja avícola por predial y por industria y comercio. Es una realidad económica, esa sí, mucho más contundente. ¿Qué podemos hacer entonces?
Creo que lo primero es tratar, en lo posible, de lograr una coexistencia armónica con los nuevos vecinos. Servirá mucho un compromiso público y real en reducir al máximo el impacto ambiental, de la generación de olores, del cargue y descargue, además de participar en la vida cívica de las comunidades aledañas.
Pero arribará el momento en que la presión urbanística será tal, que el valor del predio de la granja llegará a ser tan alto que resultará más rentable venderlo a los constructores o asociarse con ellos. La diversidad en los negocios siempre será interesante. Igual, si se ha de marchar, esa será una oportunidad para que en nuevos pagos se recomience actualizando tecnológicamente el negocio y atendiendo las nuevas exigencias ambientales, en bienestar animal y en mayores eficiencias operativas que exige el mercado.
En ese momento, la mano del Estado que propició la salida de las granjas debería tenderse en forma de préstamos blandos, subsidios e incentivos, con el fin de que el positivo impacto de la avicultura no se detenga.
