Si bien no hay gremio que no se queje ni gobierno que no apriete, la relación de los avicultores en varios países latinoamericanos con sus respectivos mandatarios está marcada por tensiones que frenan las posibilidades de crecimiento o por lo menos aplazan un mejor estar para nuestra agroindustria.
Triste citar el desastre venezolano, la caricatura en este panorama. Como toda empresa, allí las avícolas no solo deben vender sus productos al precio que diga el gobierno, también ruegan por dólares para insumos importados y otorgan aumentos salariales de hasta el 30 por ciento, ordenados por decreto, unas dos o tres veces al año.
En Argentina, el pollo soporta desde hace años un tratamiento tributario inequitativo, pues paga un impuesto de valor agregado (IVA) superior al de las otras carnes y no ha habido forma de corregir esa anomalía a pesar de las promesas. En Uruguay y Paraguay, el precario control aduanero hace de estos mercados un terreno abonado para el contrabando desde Brasil.
Ecuador vive el aparente ninguneo oficial del gremio avícola tradicional por preferir uno nuevo, fundado hace tres años y con el cual estamentos oficiales firman distintos convenios. Además, los avicultores están obligados a comprar maíz nacional y poco han podido aprovechar los bajos precios internacionales del grano.
El proteccionismo que pregona el socialismo del Siglo XXI también se ha sentido en Bolivia, donde los avicultores, aparte de hacer todo lo posible por ser competitivos en un mercado falseado por la intervención estatal, deben esperar un permiso oficial para poder ofertar sus productos en el exterior. Un año se puede, muchos otros no; depende si el gobierno considera si hay sobreproducción o déficit.
En Centroamérica las quejas por el contrabando son pan de cada día, cuando no la poca confiabilidad en el suministro de energéticos. Y en Colombia, entre muchos males que podría y debería corregir el gobierno, está la precaria infraestructura en transporte que todo lo encarece y el ridículo presupuesto destinado para erradicar el Newcastle, a pesar de que hace 10 años se expidió una ley que elevó a categoría de interés nacional dicha batalla.
¿Qué pasará que poco se oye quejar de sus gobiernos a los avicultores de Brasil, Chile, México o Perú? ¿Será que allí han dejado hacer al empresario y se han preocupado en cumplir su misión de propiciar condiciones aptas e igualitarias para todo el aparato productivo?
No está de más recordarles a nuestros gobernantes que los buenos socios ayudan a las empresas a ser mejores, y no solamente se preocupan por recibir de ellas una tajada grande – haya ganancias o no – como lo hacen vía impuestos.
