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Mercados y negocios
18 de marzo de 2015

APA Chile presentó sus alegatos para evitar disolución

La Corte Suprema de este país decidirá si deja en firme o no el fallo por colusión que condena al ente gremial

Los abogados de las tres empresas y del ente gremial condenados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile (TDLC) por conformar un cartel que controló durante más de 15 años la oferta y el precio al detal de la carne de pollo en el país austral, presentaron el 18 de marzo sus alegatos para tratar de revertir los efectos de ese fallo en la Corte Suprema, instancia ante la cual apelaron el caso.

Según informó el Diario Financiero, los representantes de las firmas involucradas (Ariztía, Agrosuper y Don Pollo) ampliaron sus argumentos en el sentido de que tal colusión no es posible en una economía abierta como la chilena, donde buena parte del consumo local de pollo es suplido con importaciones. El TDLC impuso en septiembre pasado multas por US$60 millones y ordenó la disolución de la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA) por facilitar el supuesto acuerdo ilegal.

La defensa de la APA está a cargo del abogado Felipe Vidal, quien señaló que la sentencia del TDLC es “gravísima e injusta. El fallo no evalúa que el mercado chileno del pollo es uno de los más abiertos del mundo, circunstancia propiciada por la misma APA. Queremos hacer hincapié en que desde el año 2000 hemos colaborado de forma reiterada no sólo en la negociación, sino también en la ejecución de los acuerdos de libre comercio suscritos por Chile, los cuales promueven la exportación y la importación de carne de pollo. Este solo y contundente argumento hace absurda e inverosímil la teoría de que la APA haya colaborado en la coordinación de acuerdos colusivos entre actores de esta industria”.

El TDLC no solamente insiste ante la Corte Suprema en la justicia de su fallo, si no que también pide una multa para la APA y un incremento en la sanción económica para la firma Don Pollo. “Este cartel propició un perjuicio para los consumidores chilenos cercano a los US$1,500 millones”, comentó en su momento el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, quien tildó el caso como “el cartel más grande que el sistema de libre competencia haya tratado de desbaratar”.

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