El voto del Senado argentino del 17 de julio no logró ratificar el aumento en los impuestos de exportación de granos y oleaginosas apoyado por la Presidenta Cristina Fernández. Esto forzó a Fernández a revocar el decreto que impuso la subida del impuesto, que ella y sus partidarios dijeron que ayudaría a paliar la pobreza y a aumentar la seguridad alimentaria en la Argentina.
El gravamen a la exportación regresaría a las tasas fijas que existían antes de marzo.
Los grupos de agricultores han realizado meses de protestas y bloqueos contra el impuesto, argumentando que lesionaba su capacidad de ganarse la vida y de “alimentar al mundo”. El voto en la cámara baja del Congreso había confirmado previamente el aumento en la tasa impositiva.
La controversia con respecto al aumento del impuesto se ha convertido en el mayor desafío político de la presidencia de Fernández, en la que ha habido bloqueos de los agricultores que resultaron en escasez de alimentos e importantes caídas en ingresos de las exportaciones.
El excedente comercial de Argentina se redujo en junio al mínimo desde marzo de 2001, cuando la economía sufría de una recesión de tres años y el país se dirigía hacia la peor crisis financiera de su historia. Las exportaciones de granos y oleaginosas se vieron dañadas por las protestas de los agricultores que duraron cuatro meses.
