Gremio avicultor colombiano cuestiona proyecto de Ley de Tierras

El presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Andrés Valencia Pinzón, publicó en carta abierta las objeciones de este ente gremial al proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, el cual iniciará trámite próximamente en el Congreso de esta república suramericana. Sus opiniones tienen especial relevancia, pues Valencia se desempeñó previamente como gerente del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), organismo promotor, regulador e investigador oficial.

El presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Andrés Valencia Pinzón, publicó en carta abierta las objeciones de este ente gremial al proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, el cual iniciará trámite próximamente en el Congreso de esta república suramericana. Sus opiniones tienen especial relevancia, pues Valencia se desempeñó previamente como gerente del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), organismo promotor, regulador e investigador oficial.

Algunos de los principales apartes del comunicado en mención son los siguientes: “Esta iniciativa busca que los campesinos cuenten con bienes públicos como salud y educación, y tengan, a su vez, instrumentos para la ejecución de la política de tierras que permita el acceso a la propiedad rural.

En un conversatorio donde intercambiamos opiniones sobre este proyecto hubo consenso alrededor de que los temas abordados por la Ley coincidían casi que en su totalidad con los puntos acordados en La Habana en materia de agricultura (a propósito de las negociaciones que sostienen desde hace año y medio la guerrilla de las Farc y voceros del Gobierno en Cuba). Sin embargo, el proyecto de Ley tiene serios obstáculos para ser presentado en el Congreso.

Uno de ellos es la consulta pública con las comunidades (requisito previo para la gestión de grandes proyectos agroindustriales). Este proceso, que se ha vuelto obstáculo para los proyectos de infraestructura, es la gran dificultad que el Gobierno tiene para continuar con la iniciativa. Como suele ocurrir, las comunidades no siempre representan a quien dicen representar y en otras ocasiones el Gobierno no sabe cómo manejar la relación con ellas.

El proyecto de ley cuenta con importantes vacíos como la ausencia de una reglamentación que genere seguridad jurídica a la producción de alimentos y que ha sido una preocupación permanente para los avicultores. A ello se debe sumar la redefinición del tamaño de la UAF (Unidad Agrícola Familiar) para que Colombia pueda convertirse en una despensa de talla mundial.

Es aquí donde el mercado debe entrar a hacer su labor y en el caso de la avicultura, será esencial que en largo plazo podamos contar con un suministro de materias primas que no dependa de la oferta internacional. La avicultura es y será el mejor vehículo para promover el desarrollo agrícola y rural de Colombia. Un sector que demanda más de 5 millones de toneladas de granos del resto del mundo requiere de una política de tierras que garantice la sustitución de esas importaciones por una producción nacional competitiva de maíz, sorgo y soya”.

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