En la más reciente reunión convocada por el Foro Económico Mundial, en Brasil, se presentó por primera vez el Índice de Transición Energética Mundial, preparado para medir y fomentar la transición energética efectiva basada en hechos para la toma de decisiones por parte de gobiernos y particulares.
En otras palabras, con esta nueva medición global se compara qué tanto están haciendo los países por abandonar la dependencia de combustibles fósiles como generadores energéticos. En ese escalafón, los países latinoamericanos mejor ubicados son, en su orden, Uruguay (puesto 13 mundial), Costa Rica (el 20), Chile (24), México (28) y Colombia (33), entre 114 economías evaluadas, según reportó El Colombiano.
Precisamente en Colombia, el periódico Agronegocios entrevistó a Natalia Gómez, gerente de la firma Solosolar, proveedora de celdas fotovoltaicas para la generación de electricidad a partir de la energía solar. La empresaria aseguró que por este sistema el ahorro en cuentas de electricidad puede llegar al 40 o 50 por ciento, ya que no generaría energía en la noche.
“Para una agroindustria, que requiera una generación cercana a 50 kilovatios, puede tener que realizar una inversión de COP200 millones (US$65,000). La ventaja es que son equipos que verán una inversión del retorno en un periodo entre siete y ocho años, pero tendrán una vida útil de hasta 35 años”, añadió Gómez.
También se está abriendo camino la opción de contratar el suministro de energía con otros granjeros que ya hayan instalados sus celdas, con tarifas que pueden ser hasta una tercera parte inferiores a las del proveedor habitual en el sistema interconectado. Así lo afirmó, por su parte, Michael Di Capia, director ejecutivo de Black Orchid, consultado por el mismo medio de comunicación.
De este modo, vender energía desde las granjas haría que el retorno de la inversión llegue mucho antes de los siete u ocho años de los que habla Natalia Gómez. Di Capia explicó que para este tipo de iniciativas “es necesario contar con contratos de largo plazo, que pueden ir hasta los 35 años, para garantizar que tanto el usuario como las compañías, puedan ver reflejados los ahorros de las tecnologías y evitando la depreciación de los equipos”.
